La mañana del 8 de marzo se tiñó de morado y verde en las calles de la capital, donde miles de mujeres alzaron la voz para exigir justicia, seguridad y un alto a la violencia de género. Desde puntos emblemáticos como el Parque Simón Bolívar —ahora rebautizado como Parque Palestina—, el Parque Vicente Guerrero y la Alameda Central, los contingentes comenzaron a avanzar con consignas que resonaron con fuerza: *”¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!”*, *”¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!”* y el desgarrador *”¡Ni una más, ni una asesinada más!”*. El clamor por un cambio real se hizo sentir con cada paso, especialmente al llegar al primer cuadro de la ciudad, donde las calles Nicolás Bravo y Lerdo de Tejada se convirtieron en escenario de una protesta que, más que un acto simbólico, fue un grito de hartazgo.
Las manifestantes dejaron claro su objetivo: visibilizar la violencia machista que persiste en el país, denunciar la impunidad que rodea a los feminicidios y exigir políticas públicas efectivas para proteger a las mujeres. Entre las demandas más recurrentes destacaron la necesidad de justicia para las víctimas, el fortalecimiento de los mecanismos de protección y el fin de la normalización de la violencia en todos los ámbitos. Las pancartas, los cánticos y las intervenciones artísticas en el espacio público fueron herramientas para transmitir un mensaje contundente: la lucha feminista no se detendrá hasta lograr un cambio estructural.
Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensiones. Durante el recorrido, se registraron incidentes como pintas en comercios, la ruptura de vidrios en un restaurante de comida rápida y el derribo de vallas metálicas colocadas alrededor de Palacio de Gobierno. En algunos momentos, la tensión escaló con enfrentamientos breves entre manifestantes y elementos policiales, aunque la mayoría de los actos transcurrieron en un ambiente de protesta pacífica. Las autoridades habían blindado inmuebles históricos y sedes de los tres poderes con barreras metálicas, anticipando la llegada de los contingentes, una medida que, aunque buscaba evitar daños, también generó críticas por parte de las organizadoras, quienes la interpretaron como un intento de criminalizar la protesta.
Para garantizar el orden, las autoridades desplegaron un operativo con casi 1,700 efectivos estatales, 68 unidades móviles y 31 autobuses distribuidos en cinco puntos estratégicos: Palacio de Gobierno, el Parque de la Ciencia Fundadores, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial y el Teatro Morelos. El objetivo oficial era “preservar el derecho a la libre manifestación” y mantener la paz social, aunque activistas denunciaron que la presencia masiva de policías, lejos de brindar seguridad, generó un clima de intimidación. A pesar de ello, la movilización logró su cometido: miles de voces se unieron para recordar que, en un país donde cada día son asesinadas más de diez mujeres, el silencio ya no es una opción.
La marcha del 8M no fue solo una conmemoración, sino un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la justicia sigue vigente. Las mujeres que participaron dejaron en claro que no se trata de un día más en el calendario, sino de una batalla cotidiana contra un sistema que, en muchos casos, las sigue tratando como ciudadanas de segunda. Mientras las calles se vaciaban, el eco de sus consignas quedaba flotando en el aire, como un llamado a la acción para quienes aún creen que la violencia de género es un problema ajeno. La pregunta ahora es: ¿cuántas marchas más harán falta para que las demandas sean escuchadas?
